jueves, 27 de septiembre de 2012

SOBRE EL REFERENDUM DE AUTODETERMINACION DE CATALUÑA

La decisión del  Parlamento de Cataluña de llevar a cabo un referéndum, para consultar a los ciudadanos/as sobre su relación con el Estado Español, supone un punto de no retorno político, y un jaque al  estado autonómico y al futuro de España.

Un referéndum convocado por un gobierno nacionalista, y en unos términos que aún se desconocen. Un referéndum impulsado por un gobierno de CIU, caracterizado por su mala gestión pública y su carácter privatizador, y que tiene la principal responsabilidad en el deterioro de la situación económica, política  y social de Cataluña. 

Un partido, representante  de la burguesía catalana, que utiliza la cuestión nacional para esconder su fracaso político, y la naturaleza de la crisis.

Es  indudable la responsabilidad del PP en esta situación.  El PP no solo ha sostenido  el gobierno de CIU en diversas ocasiones, sino que  lleva a cabo una política de desprestigio constante  de las comunidades autónomas.

Un referéndum de esta naturaleza se debe realizar en  condiciones de libertad. La confrontación con el Estado y la situación de crisis no son las adecuadas para debatir las distintas opciones, y la factibilidad de las mismas.

En caso de celebrarse el referéndum, somos partidarios  de una única pregunta, independencia si o independencia no.  No discutimos la soberanía del pueblo catalán, pero no aceptamos que se pueda resolver por la regla de la mayoría simple, ni que se realice sin una  previa modificación de la Constitución.

Por nuestra  parte,  recomendaremos votar en contra de dicha independencia. Creemos, que ni  es factible ni resuelve los problemas de la sociedad catalana. Solo traerá más crisis y mas confrontación popular, tanto dentro de Cataluña como en el conjunto del Estado.








miércoles, 29 de agosto de 2012

LA TRANSPARENCIA SEGUN EL PP

  

El  Consejo   de Ministros    aprobó, el pasado     27 de Julio, el  Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, para su envio al Congreso.

 

España es de los pocos países europeos sin una Ley de Transparencia.  El PSOE incumplió, reiteradamente, su promesa electoral de aprobarla, y ha sido el PP quien ha abanderado la misma.

La gestación del proyecto de Ley de Transparencia ha durado  más de cinco meses. Durante este tiempo,   el Gobierno ha consultado a diversos cuerpos del Estado, convocado encuentros de expertos y celebrado una consulta pública, que recibió casi 3.700 aportaciones ciudadanas.

Sin embargo, los pocos cambios  incorporados al proyecto   no  satisfacen  las demandas  de los colectivos pro   transparencia,   ni de los organismos internacionales, destacando, en ese sentido, el informe negativo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.

Una  Ley de Transparencia debiera ser   una ley que permita, a    cualquier persona, acceder a la  información en manos de  las instituciones públicas, y de organizaciones y empresas privadas que realicen funciones públicas, y/o que se financien  con fondos públicos. 

Un derecho ineludiblemente  vinculado al propio concepto de democracia, que permita a los ciudadanos una comprensión ilustrada de las decisiones publicas, un control de la agenda política y una participación efectiva. Sin transparencia, la democracia representativa deja de ser democracia, se convierte en una farsa, al servicio de elites políticas y burocráticas, que se reparten el poder en  base a negociaciones particulares.

Según el proyecto   “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española”. Este artículo establece el derecho  del   acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

 Una   reforma profunda, requeriría elevar ese derecho a la categoría de derecho fundamental, con un reconocimiento explicito en la Constitución,   ya sea de forma autónoma o vinculado al derecho  a la información.  
 La transparencia  debe se entendida como derecho a saber, a acceder a toda la información socialmente disponible, tanto pública como privada, y a conocer la verdad de los hechos. Está vinculada al  derecho a la información,   recogido en el artículo 20 de la CE, pero va más allá del mismo.

 El derecho a la  transparencia, debe   ponerse en pie de igualdad con otros derechos fundamentales, con los que puede colisionar, tal como el  derecho al honor, a la  intimidad personal y a la propia imagen.

 No se puede reducir la transparencia, en ningún caso, al ámbito de lo público, ya que la falta de transparencia es generalizada en la sociedad. 

En cuanto al  ámbito de aplicación  previsto en el texto propuesto,  se excluye del mismo a la monarquía, a la justicia, al congreso y el senado,  a los partidos políticos, sindicatos  y  asociaciones empresariales, a los bancos intervenidos, o que reciben ayudas públicas,  y a las empresas con participación estatal menor del 50%, a pesar de su carácter público.

El proyecto, limita el acceso a la   información a la que se puede acceder. Excluye toda información que pueda perjudicar a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, así como la información que perjudique a la prevención, investigación y sanción de los actos ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Las excepciones están redactadas de forma genérica, vaga, permitiendo su  interpretación discrecional por los funcionarios y jueces. La Ley debiera estar basada en el principio de máxima divulgación, y estar sujeta a un sistema restringido de excepciones, cosa que no hace. Las excepciones deberían aplicarse solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público.
 
Las excepciones no pueden convertirse en la norma, y tal como está el proyecto, conociendo la opacidad política y funcionarial existente en España, es muy probable que  así sea.

En cuanto a la tramitación de la solicitud, se exige una identificación de la persona interesada, lo que resulta inadecuado, si la petición no se refiere a datos personales de otros ciudadanos, ya que la identificación puede dar lugar a represalias por parte de los funcionarios y políticos, sobre todo en los ayuntamientos.

Se  regula también un listado de causas de inadmisión de las solicitudes, que incluye  “información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.”

 En la práctica, se excluye del concepto de información a una gran variedad de documentos, que están en manos de la administración, y que son propiedad de todos. El texto contraviene el artículo 1.b del Convenio del consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos, que se  definen como “toda información registrada (archivada) de cualquier forma, elaborada o recibida, y en posesión de las autoridades públicas”. El Convenio no hace diferencias entre los tipos de documentos.

La administración se sigue refugiando en el silencio administrativo, en no responder, lo que es completamente incompatible con el principio de publicidad y con la obligación de motivar las denegaciones de información.


Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso,  se podrá interponer una reclamación ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, con carácter potestativo y previo a su  impugnación en vía contencioso- administrativa. Esta agencia, de nueva creación, estaría  adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y su objeto es la promoción de la transparencia de la actividad pública y la garantía del derecho de acceso a la información así como la promoción y realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado.

 El Presidente de la Agencia sería  nombrado por un período de cuatro años, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,  previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente, y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podría vetar el nombramiento

Esta Agencia no será  independiente. El PP tiene mayoría absoluta, y  ya tenemos la  experiencia del uso partidista de  TVE, como ejemplo de su política  sectaria. Lo razonable es que sea una agencia independiente  y que su   director sea nombrado y cesado por el Congreso, por  una mayoría cualificada.

En resumen,  el proyecto de ley  impulsado por el Partido Popular, de ser aprobado como está actualmente, se convertirá en una ley más, con un impacto limitado, y no permitirá avanzar hacia una democracia de calidad, donde la transparencia de la actividad pública y privada sea un derecho fundamental de los ciudadanos, y un instrumento para luchar contra el poder arbitrario y la corrupción.



domingo, 30 de enero de 2011

MOVIMIENTO POR LA TRANSPARENCIA

Bienvenidos  a TRANSPARENCIA DIGITAL. Pretendemos ser la voz del movimiento de la transparencia en Internet.


Todos aquellos/as  que simpaticen con nuestras ideas están invitados a participar, escribiendo en alguno de nuestros blogs, o integrando los suyos  aquí.